En respuesta a los recientes incidentes en el barrio de Los Almendros, en La Alberca, donde algunos residentes han sido víctimas de violencia parapolicial durante desalojos forzados, el Secretario General del Partido Comunista de la Región de Murcia, Josetxu Durán, tras reunirse nuevamente con las familias afectadas denunció estos actos como “una creciente agresión a la clase trabajadora y un flagrante ataque al derecho a la vivienda”.
Durán destacó la preocupante tendencia de empresas de “desokupación” que, amparadas por la permisividad policial como en este caso, emplean métodos violentos, agrediendo incluso a menores. Este fenómeno, según Durán, “evidencia la falacia del derecho a la vivienda en el actual sistema”.
El dirigente comunista subrayó “la creciente dificultad de la clase trabajadora para acceder o mantener una vivienda digna, mientras los fondos públicos fluyen hacia entidades financieras que especulan mercantilizando la vivienda, generando además beneficios a costa de desalojos y desahucios”.
Durán criticó el trasvase de fondos públicos, “creados por el trabajo de la mayoría social, hacia grandes capitales, entidades y fondos buitre que se benefician de la especulación inmobiliaria”, enfatizando que “estas prácticas perpetúan la falta de una futuro digno para las y los trabajadores”.
El PCRM también señaló la “ofensiva general” contra los derechos de la clase trabajadora, incluyendo el auge de la extrema derecha y la criminalización de formas de resistencia. La distorsión del fenómeno okupa, el cual califica como un problema casi inexistente estadísticamente, y la creación de empresas "Desokupa" fueron abordadas como elementos de esta ofensiva. Según hace hincapié el Secretario General, "este caso desmonta el relato de la extrema derecha, demostrando que cualquier persona, aun pagando su alquiler puede ser víctima de la violencia de estas bandas criminales organizadas".
Durán destacó “la connivencia del Estado con estas empresas, operando en los límites de la legalidad”, y señaló a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada como un amparo para continuar con sus “prácticas criminales”, las cuales señala que “exceden los límites marcados por dicha legislación”.
Por último, Durán abogó por un cambio en las políticas que favorezcan la vivienda digna y combatan la especulación inmobiliaria. Así como, ha anunciado que su formación exigirá responsabilidades a la Delegada de Gobierno, Mariola Guevara, por la negligente actuación policial.